TRADUCTION AUTOMATIQUE

TRATADO CONSTITUCIONAL DE NACIONES SUD-AMERICANAS ( UNASUR)

Artículo 1
Constitución de UNASUR


Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.

Artículo 2
Objetivo


La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.

Artículo 3
Objetivos Específicos


La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos:

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional;

b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región;

c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos;

d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región;

e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables;

f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros;

g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático;


h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, logrando así una integración equitativa;

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana;

j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;

k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas;

l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur, así como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza;

m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva;

n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios;

o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades;

p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana;

q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;

r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros de UNASUR;

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y

u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.

Artículo 4
Órganos


Los órganos de UNASUR son:

1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;

3. El Consejo de Delegadas y Delegados;

4. La Secretaría General.

Artículo 5
Desarrollo de la Institucionalidad


Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, según corresponda.

Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán presentados a consideración del órgano competente que los ha creado o convocado.

El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de abril de 2007), es parte de UNASUR.

Artículo 6
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno


El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR.

Sus atribuciones son:

a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su implementación;

b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel Ministerial;

c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;

d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros.

Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR.

Artículo 7
La Presidencia Pro Tempore


La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.

Sus atribuciones son:

a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR;

b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos en coordinación con la Secretaría General;

c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada por los Estados Miembros;

d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento de los órganos correspondientes de UNASUR.

Artículo 8
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores


El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes atribuciones:

a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana;

d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés regional e internacional;

e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto;

f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de funcionamiento de UNASUR;

g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR;

r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros;

h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que sean de su competencia;

j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados Miembros.

Artículo 9
El Consejo de Delegadas y Delegados


El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:

a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General;

b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Ebxteriores;

c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;

d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la complementariedad de esfuerzos;

e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo;

f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés regional e internacional;

g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el proceso de integración suramericana;

h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración y aprobación.

El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una periodicidad preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar que se acuerde.

Artículo 10
La Secretaría General


La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, Ecuador.

Sus atribuciones son:

a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones;

b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de UNASUR;

c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de los órganos de UNASUR;

d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos correspondientes de UNASUR;

e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y disponer su publicación correspondiente;

f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución;

g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría General, y someterlos a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes;

h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden los órganos de UNASUR;

i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios para la buena administración y gestión de la Secretaría General.

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad.

Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta organización internacional.

El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General.

En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en lo posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.

Artículo 11
Fuentes Jurídicas


Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes:

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales;

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y

5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados.

Artículo 12
Aprobación de la Normativa


Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso.

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar estando presentes al menos tres cuartos (3/4) de los Estados Miembros.

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que se acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser consultadas por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso del Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días.

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros.

Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos.

Artículo 13
Adopción de Políticas y Creación de Instituciones,
Organizaciones y Programas


Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de implementación según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los Artículos 5 y 12 del presente Tratado.

En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser considerados como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los procedimientos señalados en este artículo y en consonancia con los objetivos de este Tratado.

Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su última inclusión en agenda.

Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más Estados Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, como la información periódica de su avance al Consejo de Delegadas y Delegados.

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido.

La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados.

Artículo 14
Diálogo Político


La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos.

Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales.

Artículo 15
Relaciones con Terceros


UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse.

El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las actividades de implementación con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría General. Con el propósito de contar con una adecuada coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que sustentará UNASUR en su relacionamiento con terceros.

Artículo 16
Financiamiento


El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el Proyecto de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría General.

El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros a ser determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de los Estados Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad.

Artículo 17
Parlamento


La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente Tratado.

Artículo 18
Participación Ciudadana


Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.

Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta.

Artículo 19
Estados Asociados


Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 20
Adhesión de Nuevos Miembros


A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.

Artículo 21
Solución de Diferencias


Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma.

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión.

Artículo 22
Inmunidades y Privilegios


UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación con este Tratado.

UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, que establecerá los privilegios e inmunidades específicos.

Artículo 23
Idiomas


Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés.

Artículo 24
Duración y Denuncia


El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros.

La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario.

La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes.

Artículo 25
Enmiendas


Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR.

Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia.

Artículo 26
Entrada en Vigor


El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo.

Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación.

Artículo 27
Registro


El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas.

Artículo Transitorio

Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el Consejo de Delegadas y Delegados y estará integrada por representantes de los Parlamentos Nacionales, Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional establecerá la composición, atribuciones y funcionamiento del Parlamento Suramericano.


Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos

* Documento tomado del sitio web de la Cancillería de Brasil


BOLIVIE : LE CHOIX DES MOTS, LE POIDS DES FAITS


Bolivie : le choix des mots, le poids des faits

Claire Heukemes, Albert Verschueren

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Actuellement, « on » parle, ou plutôt les médias parlent beaucoup de ce pays oublié. La manière dont sont présentés les événements – sans être fausse – occulte néanmoins certaines réalités, comme un arbre peut cacher la forêt des faits.
Ainsi, le 11 septembre, des « affrontements » entre partisans et opposants au gouvernement auraient fait entre 4 et 8 morts, selon les organes de presse.
En vérité, on dénombre une trentaine de décès. Une marche de paysans indigènes, qui utilisaient leur droit d’exprimer et de manifester leur opinion, a été prise en embuscade. L’assemblée permanente des Droits de l'Homme de Bolivie détient les preuves de la présence de tueurs à gages brésiliens et péruviens, parmi les attaquants, financés et équipés par l’opposition.


16 septembre 2008


Les départements « riches », surnommés « Media Luna », s’« opposent » au gouvernement de « gauche », nous explique-t-on. Pareille présentation des choses – vraiment simpliste – occulte cependant la réalité sociologique. Nous avons voyagé dans ces régions, mais nous y avons rencontré bien plus de familles démunies que de nantis.
Certes, ces zones recèlent d’importantes ressources naturelles, des terres en abondance, des hydrocarbures. Mais à qui et à combien de personnes profitent-elles ? Une centaine de clans familiaux contrôlent l'économie, l'industrie agro-alimentaire, les banques, le commerce extérieur, la plupart des moyens de communication, 25 millions d'hectares de terre … tandis que deux millions de paysans se serrent sur 5 millions d'hectares . De plus on estime que 250.000 familles ne possèdent pas de terre.
Dans le Chaco, là où se trouvent les plus gros gisements de gaz, des centaines de familles indigènes vivent dans une situation de servage, elles travaillent dans les latifundia, sans contrat de travail, sans salaire, sans papier d'identité dans leur propre pays, sans la possibilité de s’en échapper.

Par ailleurs, ce ne sont pas les « masses populaires » qui se mobilisent spontanément. Les actions, souvent très violentes, sont réalisées par de petits groupes, bien préparés et très organisés. Ceux-ci sont équipés de casques, gourdins, armes blanches et même d’armes à feu, qui sont de plus en plus souvent utilisées. Leurs « manifestations » (terme employé par les médias), s’apparentent à des opérations de commandos, dont l'ensemble semble parfaitement cohérent, planifié, et obéit à une véritable stratégie militaire. Ces groupes de choc se sont emparés de la plupart des aéroports, ont coupé des routes importantes, avant d’occuper les bâtiments des institutions publiques. Ils saccagent les rares stations de radio ou de télévision qui ne soutiennent pas l’opposition. Ce dernier élément illustre la nature fondamentalement anti-démocratique de ce mouvement. Nous assistons au déroulement des classiques phases d’un coup d’état, mais dont « on » ne dit pas le nom.

Auparavant, l'opposition « libérale » avait réussi à paralyser les principales institutions démocratiques. Les magistrats de « droite » ont démissionné de la Cour constitutionnelle, de la Cour Suprême.
La Cour Nationale Électorale ne compte plus que 3 membres sur 5. Des remplaçants doivent être désignés par le Congrès, où le gouvernement détient une large majorité. Mais celui-ci est lui aussi bloqué, en raison du boycott des sénateurs de droite qui ne permet par d'atteindre le quorum requis. Ou comment saboter un régime démocratique en toute légalité…

Sur le terrain, les méthodes appliquées sont les mêmes que celles des fascistes en Europe dans les années 1930. Elles visent à faire régner la terreur. Les agressions contre les militants des mouvements indigènes et sociaux, des partis de la majorité, contre les représentants de l’État et les élus du peuple, deviennent systématiques : menaces de mort, y compris de leur famille, bastonnades, destruction de maisons, attentats à la dynamite… Des responsables, de plus en plus nombreux ont abandonné leur domicile, leur ville, et vivent dans la clandestinité. À Santa Cruz, une liste de « traîtres à abattre » (parmi lesquels figurent même des « centristes »), a été distribuée et affichée sur la place principale. Lors des grèves dites « civiques » décrétées par ces opposants, des bandes de jeunes patrouillent dans les rues, afin de contraindre la population à suivre leurs mots d’ordre. Les boutiques des récalcitrants sont incendiées. Même les marchés populaires sont attaqués. Les actions sont accompagnées d'actes de vandalisme, de l'aveu même de sources favorables à l'opposition.
Dans ces régions « riches » et « développées », les libertés élémentaires d’expression et de manifestation sont bafouées. Les assemblées ou marches des partisans du gouvernement sont réprimées violemment, non pas par les forces de l’ordre, mais par des bandes qui ressemblent de plus en plus à des organisations paramilitaires.

Bien ancré en Amérique latine, le vieil héritage culturel raciste anti-indien, débouche sur de nouvelles dérives allant du harcèlement verbal à la persécution physique. Les insultes fleurissent jusque dans les discours des responsables politiques de l’opposition (« mal nés, macaques, ordures… »). Comme au bon vieux temps des colonies et jusque dans les années 1950, les Indiens ne peuvent plus traverser la « Gran plaza » de certaines villes. À Sucre on a même pu assister à des scènes d’humiliation publique, avec coups et blessures, devant un rassemblement de foule. Les plus extrémistes appellent à expulser les « indiens de merde », et appellent ouvertement au meurtre. Avant que les choses ne s’aggravent encore, il faut dénoncer un risque d'épuration ethnique dans la Media Luna.

Facteur d’autant plus inquiétant : certaines autorités locales (municipalité de Sucre), départementales (Santa Cruz par exemple), des magistrats, des responsables politiques d’opposition, voire certains recteurs d'université, laissent faire, tandis que d’autres incitent, voire financent ou participent aux agressions et attentats.
La passivité de la police, des autorités judiciaires, est sidérante. Les auteurs de ces agressions et actes de vandalisme ne sont quasi jamais poursuivis, alors que des témoignages, des photos de presse, des reportages permettent de les identifier clairement.
Dans les faits, on peut en conclure que l’état de droit y a disparu dans cinq départements sur neuf. « On » parle d’un risque de « dictature » en Bolivie, qui serait instaurée par le président indien Evo Morales Ayma, reconduit dans ses fonctions lors d’un référendum révocatoire le 10 août dernier avec… plus de 67 % des suffrages. Toutefois, ce n’est plus un risque, c’est déjà une réalité, mais dans des zones contrôlées par l’opposition qu’« on » dit « libérale ».

« On » parle d’Autonomie. Ce terme, a priori suscite plutôt la sympathie. Il s’agirait apparemment de la principale revendication des départements des plaines. « On » sous-entend par la même occasion que le gouvernement est hostile à la décentralisation. Or le projet de nouvelle constitution, violemment rejeté par l’opposition (y compris par de véritables batailles de rues et un climat insurrectionnel), instaure quatre niveaux d’autonomie : départementale (comme l’exige l’opposition), provinciale (des subdivisions des départements), municipales, et des territoires de peuples premiers, c’est à dire des gens qui vivaient dans ce pays avant son invasion par les Européens. Ce texte reconnaît l’existence de territoires autochtones autogérés. Nous sommes donc en présence non pas de revendications d’autonomie face à l’« étatisme » du gouvernement, mais en présence de deux modèles différents d’autonomie : celui de la nouvelle constitution, riche et fondé sur la diversité culturelle, et celui de l’opposition « libérale », qui équivaut à réintroduire un nouveau centralisme, départemental.

Il reste à définir à qui profiterait ce dernier. Très symboliquement, les locaux de l'INRA (l'Institut national de la Réforme agraire), sont pris d'assaut. Concrètement cela signifie que les premiers acquis de la réforme agraire et la délimitation des terres indigènes sont enterrés.
Significativement aussi, le principal « front » se situe dans le Chaco (département de Tarija, sud), où se trouvent les principaux gisements de gaz. Les préfets en exigent le versement des revenus aux départements, sans toutefois préciser leur future affectation. Le gouvernement quant à lui les utilise déjà, entre autre, pour financer une rente aux personnes âgées, dans un pays où la sécurité sociale est inconnue pour la plupart des gens.
Nous assistons donc en réalité à une guerre pour la terre, les territoires autochtones , et les hydrocarbures. Voilà ce que masquent les revendications d’« autonomie départementale » avancées par l'opposition : bloquer les réformes sociales, la redistribution des richesses et des terres. Bref, défendre les privilèges de l'oligarchie qui détenait tous les pouvoirs.

Pour terminer, nous ne pouvons ignorer le contexte international, car l'affaire dépasse largement les frontières de la Bolivie. Là où se trouve du pétrole, les États-Unis ne sont jamais bien loin… Certes, nous ne détenons nous-même pas les preuves d'une implication directe de l’ambassadeur américain dans le déclenchement des troubles, même s'il a tenu des réunions avec les principaux leaders de droite ces dernières semaines. Ce qui est cependant certain, c'est que les États-Unis soutiennent et conseillent des organisations proches de l’opposition à travers l’USAID (agence américaine pour l’aide au développement) et une multitudes d’ONG. Le président Correa de l’Équateur vient de déclarer que les pays d'Amérique du Sud, solidaires avec le gouvernement légitime de Bolivie, ne toléreront pas une balkanisation de la région. Du point de vue historique, les tentatives de séparatisme en Bolivie rappellent en effet dangereusement les manœuvres qui ont conduit à l’éclatement de la Yougoslavie, et son cortège de guerres civiles, massacres et atrocités.

Certes, il ne nous appartient pas de juger la politique du gouvernement bolivien. Nous constatons simplement que, depuis plus d'un an, il a refusé de recourir à la force et ce jusqu'au 5 septembre dernier, (instauration de l'état de siège dans le département du Pando, pour stopper le massacre des paysans indiens). Depuis le mois d'août 2007, la droite utilise des méthodes de plus en plus violentes, pour bloquer le fonctionnement des institutions démocratiques, dont l'Assemblée Constituante élue par la population. Après avoir subi un net revers électoral, elle tente à présent un coup d'état fascisant. Belle leçon de "libéralisme"…

En espérant, comme les Républicains espagnols en 1936 que : "no pasaran". Car l'histoire nous enseigne que, chaque fois qu'ils sont passés, les conséquences ont été dramatiques.


Claire Heukemes et Albert Verschueren, historien.

DISCOURS EVO MORALES ( President de Bolivie ) A L ONU 2008

1ere Partie du discours

.

2eme Partie du discours

.
3eme Partiedu discours

UNASUR : Union des Nations Sud-Americaines



LatinReporters.com

De Cuzco (2004) à Brasilia (2008)
Unasur : lente et ambitieuse Union des nations sud-américaines

BRASILIA, vendredi 30 mai 2008 (LatinReporters.com) - De l'intention unitaire exprimée en décembre 2004 à Cuzco (Pérou), les 12 pays de l'Amérique du Sud sont passés à la signature, le 23 mai 2008 à Brasilia, du Traité constitutif de l'Union des nations sud-américaines (Unasur). Les trois ans et demi séparant ces deux étapes initiales suggèrent que l'approfondissement de l'Unasur sera aussi lent que celui de l'Union européenne, dont elle s'inspire. Le Brésil est le principal promoteur de ce processus qui reflète et accentue sa montée en puissance sur la scène mondiale.

"Nous avons décidé de former la Communauté sud-américaine des nations" (CSN) disaient en 2004 dans la Déclaration de Cuzco les chefs d'Etat sud-américains. Le 23 mai dernier à Brasilia, la naissance officielle de l'Unasur qu'ils concrétisaient était en fait celle de la CSN sous un autre nom.

Sur le papier, une même personnalité juridique régionale unit désormais les pays du Mercosur (marché commun regroupant Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et bientôt le Venezuela), ceux de la Communauté andine (Colombie, Pérou, Equateur et Bolivie), ainsi que le Chili, le Surinam et la Guyana.

Leur ambition proclamée est de "construire une identité et une citoyenneté sud-américaines et développer un espace régional intégré dans les domaines politique, économique, social, culturel, de l'environnement et des infrastructures". Le Traité constitutif inscrit cette intégration dans "le renforcement du multilatéralisme" et la construction d'un "monde multipolaire". En clair, il s'agit de s'affranchir davantage de l'influence de Washington et de parler d'une seule voix qui serait mieux écoutée, notamment aux Nations unies et à l'Organisation mondiale du commerce.

Plus que régionale, l'assise de cette ambition se veut quasi continentale, puisqu'à partir de la 5e année de l'entrée en vigueur du Traité constitutif, les autres Etats d'Amérique latine et ceux des Caraïbes qui le sollicitent pourront adhérer à l'Unasur.
Il leur est déjà offert de s'y associer. L'Amérique centrale, le Mexique, Cuba et ses voisins insulaires ont donc la faculté théorique, voire utopique, d'élargir la nouvelle union jusqu'à la frontière sud des Etats-Unis.

Les 12 pays fondateurs de l'Unasur couvrent 17,6 millions de km² et abritent 382 millions d'habitants, dont le PIB par tête, estimé en avril par le Fonds monétaire international (FMI), sera en 2008 de 7.557 dollars. A titre de comparaison, les 27 pays de l'Union européenne s'étendent sur 4,4 millions de km², comptent 494 millions d'habitants avec un PIB par tête estimé pour cette année, toujours selon le FMI, à 26.742 dollars, trois fois et demie celui des Sud-Américains.

Le Conseil des chefs d'Etat et de gouvernement est l'organe suprême de l'Unasur. A Brasilia, la présidence rotative annuelle a été confiée à la présidente du Chili, la socialiste Michelle Bachelet. Elle revenait en principe à la Colombie, mais son président, le conservateur Alvaro Uribe, y a renoncé "par prudence" au vu des difficultés l'opposant à ses homologues du Venezuela, Hugo Chavez, et de l'Equateur, Rafael Correa, accusés par Bogota de soutenir la guérilla marxiste des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie).

Le Traité constitutif doit être ratifié par les parlements des Etats signataires. Il confirme l'installation du Secrétariat général de l'Unasur à Quito, capitale de l'Equateur, et celle du futur Parlement sud-américain à Cochabamba, en Bolivie. Deux institutions clefs siégeront donc dans des pays aujourd'hui partisans du socialisme radical dit bolivarien instauré au Venezuela.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son homologue vénézuélien Hugo Chavez sont les deux personnalités les plus en vue de l'Unasur. Si l'intégration politique et économique de l'Amérique du Sud pour faire contrepoids à la prépondérance des Etats-Unis est la ligne directrice de leur politique étrangère, Lula observe toutefois une prudence sociale-démocrate qui contraste avec l'antiaméricanisme exacerbé du président Chavez et son mépris de l'économie de marché.

L'envergure géographique, économique et diplomatique du Brésil le porte naturellement à assumer de fait, dans le sous-continent sud-américain, le rôle de puissance dominante ou pour le moins de partenaire indispensable. Washington considère cette influence comme stabilisatrice face à l'expansion de la gauche radicale.

Outre l'approbation du Traité constitutif de l'Unasur, le Brésil souhaitait, au sommet de Brasilia du 23 mai, le lancement d'un Conseil de défense sud-américain. Il a été renvoyé à une nouvelle analyse en fonction des réticences de l'Uruguay et surtout de l'opposition de la Colombie. Bogota croit que la "menace terroriste" des FARC sur son territoire, non qualifiée comme telle pas les autres pays sud-américains et même soutenue par certains d'entre eux, exclut de fait toute coopération militaire. Pour les questions de sécurité régionale, la président colombien Alvaro Uribe, appuyé militairement par Washington, s'en remet à l'Organisation des Etats américains (OEA), dont sont membres les Etats-Unis.

Un autre problème de fond, à la fois politique et commercial, s'est reflété dans la démission, à la veille du sommet de Brasilia, du premier secrétaire général de l'Unasur, l'ex-président équatorien Rodrigo Borja. Il dénonce la résistance de dirigeants sud-américains à son projet de placer le Mercosur et la Communauté andine sous l'égide de l'Unasur.

Le principal handicap de la nouvelle union régionale est le choc en son sein de modèles de société antagonistes. En Europe, le consensus, du centre gauche au centre droit, sur le modèle d'économie sociale de marché fut et reste un ciment essentiel de l'Union européenne. Ce modèle est relativement suivi par la majorité des pays de l'Unasur, y compris ceux relevant d'une gauche modérée (Brésil, Chili, Uruguay et, avec des nuances, l'Argentine), mais il est combattu par la gauche radicale qui instaure progressivement un néocollectivisme d'Etat au Venezuela, en Equateur, en Bolivie et dès août prochain au Paraguay si son président élu, Fernando Lugo, confirmait ses sympathies pour le modèle dit bolivarien.